La semana pasada el Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, informó que se haría una reducción del 50% en la compra del Soat para algunos vehículos a partir del 1° de diciembre. Sin embargo, ayer se conoció que estos descuentos no comenzarán a regir hoy.

El anuncio se dió en medio de una rueda de prensa de la Aerocivil, en la que Reyes aseguró que aún faltan algunos ajustes presupuestales en los que está trabajando el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera para avanzar con esta modificación.

Y aunque en su discurso dijo que estos ajustes pueden tardar de dos a tres días más, aún no se dio fecha exacta para que el beneficio entre en vigencia.

Por otro lado, Reyes manifestó su descontento con la efectividad de las aseguradoras en la entrega de las pólizas, dificultando mucho el proceso de adquisición de estas por parte de los usuarios, por lo que se emitirá una circular para que la Policía de Tránsito no multe ni inmovilice a los vehículos que no cuenten con el Soat.

Por ahora, se mantiene la expectativa de los distintos usuarios de motos con cilindraje menor a 200 centímetros cúbicos, taxis, microbuses urbanos, microbuses de servicio público urbano y microbuses de servicio público intermunicipal, que eran los beneficiados y esperaban adquirir este seguro con los descuentos anunciados.

¿Sin herramientas legales?

Juan Alberto Londoño, quien se desempeñó como viceministro de Hacienda durante gran parte de la presidencia de Iván Duque, afirmó en una columna de opinión que el Gobierno no tiene los instrumentos legales para subsidiarle ese 50% del Soat a los vehículos anunciados.

Según escribió el exfuncionario en el diario La República, “no se observa la existencia de una ley que autorice al Gobierno a otorgar este tipo de subsidio, de igual manera, no se encuentra partida presupuestal que asigne recursos para tal propósito, con lo cual no existe autorización legal o título de gasto para tal propósito”.

Antes de argumentar esto, había manifestado que “el artículo 346 de la Constitución determina que en el Presupuesto no podrá incluirse partida que no corresponda a una deuda reconocida, a un gasto autorizado por ley anterior”. Es decir, palabras más o palabras menos, un gasto como este primero tendría que ser discutido y aprobado por el Congreso.

Cabe mencionar que este subsidio ha causado mucha controversia y varios expertos lo han calificado como un gasto que deja un sabor a inequidad, puesto que el Ministerio de Hacienda ya detalló que cubrir el 50% del costo a los beneficiarios demandará $2 billones, dineros que los mismos críticos de la iniciativa consideran que estarían mejor en áreas como educación, salud, cultura o infraestructura.

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